El Tribunal Constitucional ha delimitado, en una
sentencia conocida hoy, la capacidad de veto del Gobierno a
las iniciativas presentadas por la oposición y ha avalado que la Mesa del Congreso pueda rechazar la oposición del Ejecutivo.
Por
unanimidad, el pleno del Constitucional ha desestimado el conflicto de
atribuciones presentado por el Gobierno a la decisión de la Mesa de tramitar
una propuesta socialista para paralizar la tramitación de la Lomce, en contra del
criterio del Ejecutivo. Moncloa se
acogió a la prerrogativa constitucional que permite al Gobierno paralizar las
iniciativas legislativas que suponen un cambio en los presupuestos. Según
el artículo 134 de la Constitución "toda
proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los
ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su
tramitación".
Pero, según
el TC, esa capacidad de veto "tiene límites" porque mantiene que sólo
puede afectar a medidas que afecten "directamente" sobre las cuentas
públicas, de forma "real y efectiva" y en el ejercicio actual no en
futuros. En ese sentido echa por tierra parte de la argumentación del
Ejecutivo. "No constató de qué manera habrían resultado afectados los presupuestos
en vigor sino que aportó cantidades globales referidas a un periodo de 6
años".
El
Constitucional sostiene que si el Gobierno no cumple con los requisitos
exigidos, la Mesa del Congreso puede "rechazar la falta de conformidad del
Ejecutivo", que fue lo que sucedió con la Lomce. En el ejercicio de su
función de control, señala el TC, "debe constatar que la iniciativa vetada
por el Gobierno afecta de forma real y efectiva a los presupuestos".
El Gobierno
de Mariano Rajoy ha hecho un uso muy amplio de su capacidad de
veto durante esta legislatura y la pasada, incluso para proyectos de ley que no
modificaban realmente el presupuesto, al menos según ha entendido la oposición.
Una ley de accesibilidad de edificios públicos que presentó el PSOE, por ejemplo, fue vetada aún cuando incluía la
salvaguarda de que no supondría ninguna inversión extra para este ejercicio
presupuestario, sí para años sucesivos.
La mayoría
del Congreso defendió cuando se aprobó este conflicto de atribuciones que el
Poder Ejecutivo estaba abusando de su derecho de veto para limitar la actividad
del Poder Legislativo, donde Rajoy está ahora en minoría.
La portavoz
del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha sido la que ha dado la noticia de la sentencia al resto de portavoces
en la Junta de Portavocesde la Cámara
Baja. Y lo ha hecho justo después de que Juan
Carlos Girauta, de Ciudadanos, acabara de
lamentar que la Mesa no tiene nada que oponer a los vetos del Gobierno, según
fuentes socialistas.
A la salida
de la Junta, Robles ha celebrado la sentencia, que ha calificado como "un
golpe muy duro" para el Gobierno que "lleva toda la legislatura
aplicando vetos sistemáticos" contra todas las proposiciones con las que
no está de acuerdo el PP.
A partir de
ahora, ha añadido Robles, el PSOE espera que Ciudadanos "no deje de seguir
miméticamente los vetos del PP" para que las iniciativas de la oposición se
queden bloqueadas.
Por su
parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha
asegurado que lo que confirma la sentencia es la "capacidad
constitucional" del Gobierno para vetar determinadas iniciativas y
"no tiene nada que ver con otros vetos". Sólo que en este caso
"no se justificó adecuadamente el gasto presupuestario". Hernando ha
reclamado al Ejecutivo sea "más sólido" en sus argumentaciones.
La portavoz
de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha
celebrado la sentencia del Constitucional porque cree que valida a la oposición
para impulsar leyes o debates que hasta ahora han sido rechazados por la Mesa
del Congreso acogiéndose a los vetos de Mariano Rajoy. "Ahora ya sabemos
que si el Gobierno no quiere que una cosa se debata, la Mesa del Congreso puede
tener un criterio contrario y permitir ese debate", ha afirmado en declaraciones
tras la Junta de Portavoces del Congreso, informa Álvaro Carvajal.
Es por ello
que Montero ha insistido en utilizar esa puerta abierta por el Constitucional
para debatir sobre temas como la revalorización de las pensiones al ritmo
del IPC "aunque el Gobierno
no quiera", ignorando el veto. Así, ha instado directamente a PP y
Ciudadanos a que "cesen en ese empeño de paralizar" todo aquello que
veta el Ejecutivo alegando que supone un incremento del gasto aprobado en los
Presupuestos.
