Según el Ministerio de Hacienda, el número de empleados
públicos en el 2017, era de dos millones quinientos veinte mil, número
superior al del inicio de la crisis. Cifra chocante si analizamos la
evolución a la baja de las plantillas de la mayoría de los ministerios.
Aunque todo tiene una explicación, porque el sesenta por
ciento del empleo público corresponde a las Comunidades Autónomas, que
han aumentado la plantilla en un 9% -137.000 efectivos- en estos últimos diez años, mientras que la Administración
General del Estado ha perdido. Así se puede entender que el porcentaje
de Empleados Públicos en toda España sea del 13´6%.
Tampoco las Empresas Públicas, por sorprendente que parezca, han visto
mermadas sus plantillas. Si bien es verdad que cayeron alrededor de un 7% al
principio de la crisis, después se recuperaron con un aumento espectacular de
11,5%, entre el 2010 y el 2013.
Según el informe del Banco de España sobre la evolución
del empleo público de las Administraciones Públicas en los
últimos diez años, seis de cada diez funcionarios trabajan en una
Comunidad Autónoma. Concretamente, en el 2016, las Comunidades
Autónomas contaban con un millón setecientos mil empleados, seiscientos mil las
corporaciones locales y quinientos cuarenta mil la Administración Central.
Desgraciadamente, el agravio comparativo no se queda solo ahí. Si
echamos un vistazo a los salarios, resulta que la Administración
General del Estado, por el mismo puesto, paga entre 3.000 y 21.000 euros menos
que una autonomía. Concretamente el Estado paga alrededor de un
25% menos. ¿Cuál es la “razón” que esgrime el Gobierno para justificar
este desprecio hacia sus trabajadores?... pues, ninguna… confesable, que
sepamos. Aunque no es difícil deducir que para equilibrar las cuentas, al
Gobierno de turno le resulta más cómodo recortar los excesos de los
gobiernos autonómicos, metiendo la mano en el bolsillo de los
trabajadores de la Administración Central. Con la connivencia, claro
está, de los autodenominados “agentes sociales” que hace tiempo se decantaron
por el colectivo autonómico, más jugoso, en detrimento del nuestro. Ha
tenido que visualizarse este otoño, el desfase salarial entre la policía
autonómica y la policía nacional, para tomar conciencia del problema.
No podemos seguir tolerando este maltrato continuado al
empleado público de la Administración General del Estado, que ha
sufrido casi treinta puntos de pérdida retributiva en
los últimos quince años. Ni seguir siendo el colectivo de tijeretazo fácil,
donde el Estado intenta equilibrar sus cuentas. Y, menos aún, seguir siendo
moneda de cambio de políticos y sindicatos, convirtiendo en misión imposible el
desarrollo de una carrera profesional digna de tal nombre.
Se hace urgente un fondo adicional que palíe esta diferencia
retributiva, como inicio de la equiparación definitiva de salarios.
Porque, a igual trabajo… igual salario.
