FEP-USO EXIGE MÁS MEDIDAS REALES DE AUSTERIDAD
El pasado 17 de
febrero se aprobó un Acuerdo, por parte del Consejo de Ministros, por el que se
solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el proyecto de
Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
Ni siquiera es
una medida definitiva, ya que todavía tiene que pasar por el dictamen de los
elefantes blancos que se sientan en el Consejo de Estado, auténtico cementerio
de elefantes, dónde los consejeros y consejeras vitalicios perciben un salario
de 72.800 euros (según los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2011) no incompatible además con otras retribuciones que perciben en
concepto de indemnización por altos cargos.
Pues bien, el
objetivo de esta nueva norma, que nuestro Gobierno tiene intención de aprobar,
es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia
en el funcionamiento del sector público, según ha declarado la Vicepresidenta
del Gobierno.
A la hora de
determinar las retribuciones salariales, las entidades públicas se clasificarán
en tres grupos atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el
número de trabajadores de la sociedad, la necesidad o no de financiación
pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el
que desarrolla su actividad.
Las entidades
que constituyan el grupo 1 no podrá exceder de quince miembros en sus
Consejos de Administración, doce las del grupo 2 y nueve miembros
para aquellas entidades que se integren en el grupo 3.
Al parecer, con
la nueva estructura organizativa se estima que se reducirá en un centenar el
número de consejeros de las empresas del sector público.
Las
retribuciones salariales a fijar en los contratos mercantiles o de alta
dirección se clasificarán en básicas y complementarias.
La retribución
básica no podrá exceder, en cómputo anual, de los 105.000 euros para los
directivos de aquellas entidades comprendidas en el grupo 1; los 80.000 euros
para las del grupo 2 y los 55.000 euros para la del grupo 3.
A esta cantidad
básica se le sumará un complemento de puesto y, si así se dictaminase, un
complemento variable.
El primero de
estos complementos retribuirá las características específicas de las funciones
desarrolladas. Se tendrá en cuenta la competitividad externa, el nivel de
responsabilidad o el peso relativo del puesto dentro de la organización.
El complemento
variable incentivará las buenas prácticas de gestión empresarial y se
determinará en función de la consecución de unos objetivos previamente
establecidos por el sector público.
Tanto el
complemento de puesto como el variable no podrán superar el porcentaje máximo
fijado para el grupo en el que se clasifique la entidad.
La retribución
final fijada incluirá todo tipo de retribuciones, incluidas las que se perciban
en especie.
EL PROBLEMA ES,
QUE, DE APROBARSE, ESTA MEDIDA ÚNICAMENTE AFECTARÁ A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, Y NO A LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS,
EN LAS QUE CONVIVEN CIENTOS Y CIENTOS DE CHIRINGUITOS EMPRESARIALES CUYO ÚNICO
OBJETIVO O COMETIDO ES EL DE COLOCAR EN PUESTOS RETRIBUIDOS CON LOS IMPUESTOS
DE TODOS AL PERSONAL “EXCEDENTE” DE LA POLÍTICA, DEL AMIGUISMO Y DEL
ENCHUFISMO.
Desde
FEP-USO, aunque valoramos como positiva esta medida, seguimos exigiendo a los
gestores de lo público la definitiva eliminación de gastos superfluos y
reiteramos una vez más nuestras propuestas para acabar con el despilfarro en
las Administraciones Públicas:
- Eliminación definitiva de los planes privados de
pensiones en las AAPP.
- Reducción del 50 % de altos cargos, y limitación
de las retribuciones más altas en las AAPP.
- Recortes del gasto corriente, inversiones en
publicidad y supresión de gastos en ágapes e inauguraciones.
- Integración de los diferentes departamentos en un
único edificio público de servicios múltiples en las localidades pequeñas
(ahorro energético y seguridad)
- Reducción del sueldo en un 20% de todos los altos
cargos de nivel político: asesores, responsables de empresas públicas,
fundaciones, etc, así como las retribuciones de los parlamentarios
estatales y autonómicos.
- Utilización del software libre en todas las
Administraciones Públicas.
Seguimos
insistiendo, una y otra vez, en que no se puede empezar a hablar de reducción
de gastos haciendo lo fácil (reducciones o congelaciones salariales) sin entrar
en el verdadero fondo del problema: excesivo gasto innecesario en las AAPP.
Reconocimiento
por parte de TODAS las Administraciones, de que existe un descontrol
retributivo que debe ser armonizado.
- Creación de una Comisión de Trabajo o Grupo
Parlamentario, que estudie en profundidad esta situación y haga propuestas
concretas
- Aumentar en las retribuciones la parte salarial
(básicas) y reducir, proporcionalmente los complementos en su misma
cuantía.
- Armonizar en el desarrollo estatutario (EBEP) o
mediante nueva Ley, un sistema retributivo igual en todas las
Administraciones Públicas, que impida en el futuro perpetuar esta
situación caótica.
- Creación de un nuevo cuerpo gestionado por la
Administración General del Estado (podría ceder la gestión a las CC.AA.,
si estas quieren asumirla), en donde se integrarán los empleados públicos
de la Administración Local.
- Eliminación de los complementos especiales, que
los empleados públicos que hubieren ocupado cargos de director general o
asimilados disfrutan durante toda el resto de su vida laboral.
CREEMOS
PROFUNDAMENTE QUE CON LA ADOPCIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE NUESTRAS PROPUESTAS SE
ACABARÍA DE RAÍZ CON EL PROBLEMA DE DÉFICIT PÚBLICO DESBOCADO POR EL QUE
ATRAVIESA NUESTRO PAÍS.
ASAMBLEA 29 DE FEBRERO
La USO rechaza de forma categórica la Reforma Laboral que el Gobierno ha aprobado mediante el recurso del Decreto Ley, por considerar que la misma, lejos de contribuir a la generación de empleo y a la racionalización contractual y de la negociación colectiva existente en España, coarta las mismas, abarata y facilita más el despido, restringe los derechos de los trabajadores con empleo, e impone a las personas desempleadas actuales y futuras unas leoninas condiciones laborales y retributivas para su incorporación al empleo y su permanencia en el mismo.
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