EL MIERCOLES DÍA 27 A LAS 11,30 DE LA MAÑANA TUVO LUGAR EN LAS DOS CAPITALES CANARIAS UNA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE CASI UN CENTENAR DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, CABILDOS, AYUNTAMIENTOS, FECAI Y FECAN.
La INICIATIVA EN DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO DE CANARIAS (IDSPC), solicita de estos organismos que propicie el debate y la aprobación, en su caso, de la siguiente MOCIÓN sobre el Proyecto de Ley de la Ordenación de la Función Publica en las Administraciones de Canarias.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que el borrador de la Ley de la Función Publica de Canarias, versión 1 de julio de 2010, hecho publico por el Gobierno de Canarias, es un desarrollo normativo de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto del Empleado Publico en Canarias.
El presente borrador viene a ordenar la función pública en las diferentes administraciones en Canarias, y concretamente en las administraciones locales, la cual entra a regular aspectos que inciden en la autonomía local de cada Administración Municipal, sin que se haya contado con la opinión de esta Administración Local, ni se haya generado un amplio debate de este proyecto de Ley.
Que este proyecto de Ley, que su primera versión data de marzo de este año, ya tiene al menos tres versiones, con modificaciones que no han tenido el respaldo de esta Administración local, ni del conjunto de los empleados públicos, organizados por sus representantes sindicales, y que en buena parte lesionan competencias de esta Administración en la potestad organizativa de sus recursos humanos, lo cual además puede ser un elemento de conflictividad en esta administración con sus empleados públicos en años venideros.
Que debemos considerar que la ley que pretenda regular la función pública en las Administraciones de Canarias debe partir de la defensa del sector público como pilar esencial del estado social consagrado en la Constitución. Asimismo debe figurar como motivo de la ley la necesaria estabilidad en el empleo público como garante de la eficacia y la eficiencia de sus empleados, frente a la politización alarmante que existe en nuestra Administración Pública en Canarias y de reconocimiento del servicio público que se presta.
Que se debe atender a la necesidad de hacer conciliar las aspiraciones de los empleados públicos de alcanzar la estabilidad en sus puestos de trabajo, el objetivo de mejorar la gestión de los asuntos públicos, y a la importancia de cubrir de forma óptima los servicios públicos permanentes garantizando los derechos del personal laboral y funcionario, con respeto a los acuerdos colectivos en vigor, y en el marco legal del Estatuto Básico del Empleado Público.
Que el contenido de esta ley debe pretender ser un programa de soluciones para la consecución de un ambiente propicio de estabilidad y bienestar del colectivo afectado, al tiempo que se plasma una política de personal orientada a la eficacia de los servicios públicos de los que es competente y responsable la Administración Local.Por todo ello
SOLICITAMOS:
PRIMERO: Que se inste al Gobierno del Canarias para que aborde un desarrollo normativo amplio de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto del Empleado Publico en Canarias, con un debate amplio y con el ánimo de alcanzar un acuerdo en el que sea participe las diferentes administraciones publicas y los representantes legítimos de los empleados públicos en Canarias
SEGUNDO: Que se paralice el trámite parlamentario, y se devuelva el texto propuesto por el Gobierno de Canarias al foro de debate que se constituirá bajo las directrices de la Consejeria de Presidencia, y en el que necesariamente deben estar representados en la mesa de debate los representantes de los Ayuntamiento, Cabildos y representantes de los Empleados Públicos de la Administración Autonómica, Docente, Sanitarios, y Administración Local.
TERCERO: Que se de traslado del presente acuerdo al Gobierno de Canarias, a la Federación Canaria de Municipios, a la Federación Canaria de Islas, a los grupos políticos del parlamento de Canarias y a los Sindicatos firmantes de este escrito.
